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Contratos de arrendamiento para familias en riesgo de exclusión social

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La Generalitat va a iniciar contactos con ayuntamientos y entidades financieras para poner en marcha un plan de arrendamiento de vivienda pública que ayude a las familias que han sido desahuciadas y se encuentran en riesgo de exclusión social. Este plan tiene la calificación de especial, según ha comunicado la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig.

A este plan se podrán acoger las personas en riesgo de exclusión social por haber perdido su vivienda habitual como consecuencia de la crisis hipotecaria o de situaciones excepcionales.

La consellera ha explicado a través de un comunicado que se han mantenido conversaciones con los ayuntamientos de Torrent en Valencia, Castellón, Burriana (Castellón), Alicante, así como con la organización Cáritas y asociaciones gitanas.

Para que los beneficiarios puedan optar al proyecto de arrendamiento tendrán que ser propuestos por los ayuntamientos y acreditar la predisposición al cumplimiento de obligaciones, así estas instituciones tienen que informar favorablemente de las condiciones de la familia, sus necesidades y posibilidades de hacer frente a los nuevos contratos de arrendamiento para que se lleve a cabo correctamente el plan.

El contrato de arrendamiento será de un año y las prórrogas obligatorias de acuerdo con la Ley de Arrendamiento Urbanos. No podrán ser adjudicatarios aquellas familias que con impagos o daños constatados en otras viviendas públicas o protegidas.

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