Sobre ruedas, como no podía ser de otra forma. Así salieron a protestar ciclistas y patinadores por la ordenanza municipal que recoge multas de hasta 500 euros para aquellos que circulen por aceras y zonas peatonales. El recorrido de los participantes en esta manifestación se inició en la plaza de la Virgen, y recorrió diversas calles de la zona centro de la ciudad hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento.

Los objetivos de esta concentración fueron reclamar varios. En primer lugar, reclamar espacios por donde poder circular sin ser multados por ello, sin molestar a los peatones y sin poner en peligro su integridad. En segundo lugar exigir un modelo de transporte público verdaderamente efectivo, que convenza a muchos usuarios de que su utilización es más cómoda, económica y rentable que el uso de vehículos particulares. En tercer lugar, la restricción del tránsito de vehículos particulares por el casco histórico. Por último, reclamaron a los conductores una mayor conciencia a la hora de circular, para evitar accidentes derivados de las negligencias al volante.

“Rodes sense motor per una ciutat millor” fue el lema de la pancarta que portaron los participantes en esta manifestación. En opinión de uno de sus portavoces, el modelo de movilidad urbana de Valencia debe tomar como ejemplos los de Barcelona, San Sebastián o Sevilla, dentro del panorama nacional, y el de Bélgica o Suiza en el panorama internacional.

A la gresca andan socialista y populares por el centro para inmigrantes que se va a habilitar en el antiguo Colegio Mayor La Paz. El edificio, situado en la Avenida del Puerto, se convertirá a partir del próximo mes en el primer Centro de Atención de estas características de toda la ciudad.

Para ello, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia han firmado un convenio mediante el cual se reparten la aportación económica de 265.000 en una relación del 60% para el Consell y el 40 para el consistorio.

Aunque a priori se trata de una noticia positiva, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha desvelado una serie de datos que ofrecen una visión diferente sobre esta cuestión. Así, Julio Such afirma que la habilitación de un Centro de Atención para Inmigrantes se ha demorado más de un año y medio, y que las condiciones de este convenio distan mucho de ser las más adecuadas.

Así, se dará prioridad, según establece el convenio, a las reservas del antiguo albergue que ya estuvieran confirmadas y que no fuera posible anular. Las 70 plazas de capacidad del centro quedarían reducidas en función de los compromisos adquiridos. La ruptura del acuerdo, firmado por un año con posibilidad de prórroga durante otros tres, se estipula en términos favorables para la comunidad propietaria del recinto, y las sucesivas modificaciones en este criterio vendrían a perjudicar al Ayuntamiento, que debería asumir mayores costes.

El PP, por su parte, ha criticado la política en materia de integración social del Gobierno central y ha asegurado que el uso como albergue de estas instalaciones se compatibilizará con el centro de acogida hasta que progresivamente la relación entre inmigrantes y otros ocupantes se vea reducida.